Presunción de Inocencia, Juicios Previos y Juicios Paralelos

Resumo

El proceso penal en los sistemas procesales democráticos está basado, de forma esencial, en la garantía de presunción de inocencia de los sujetos sospechosos, investigados o procesados. Sin esta garantía no podría entenderse que se cumplen las exigencias del proceso justo. La presunción de inocencia tiene, como garantía procesal, dos manifestaciones: como regla de trato implica que los individuos sometidos al proceso han de ser considerados inocentes hasta que se dicte sentencia condenatoria en su contra; y como regla de juicio exige, esencialmente, que exista prueba de cargo suficiente para destruir la presunción.

La vigencia de esta garantía se justifica en la necesidad de proteger la imparcialidad del juzgador y en la necesidad de asegurar que las personas sometidas al proceso penal no parten de una posición de desventaja derivada de la propia situación procesal. Garantizar que un sujeto es inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria es una necesidad que se ha puesto de manifiesto de forma especial en los últimos tiempos por el aumento de informaciones referidas a procesos penales y difundidas en medios de comunicación y redes sociales. En este artículo estudio los aspectos esenciales de la garantía de presunción de inocencia en España y cómo puede resultar afectada por las publicaciones realizadas antes y durante el proceso, analizando reciente jurisprudencia sobre estas cuestiones para ofrecer algunas soluciones prácticas.

Tras el análisis de la legislación, la jurisprudencia y la evolución de nuestro sistema de garantías procesales y vista la situación actual de excesiva exposición del proceso penal en los medios de comunicación, las conclusiones que se alcanzan en este artículo están dirigidas a subrayar la vigencia de las garantías procesales en relación a esas amenazas que provienen de una conducta inadecuada de los sujetos que ejercen la opinión y la información. Las garantías han de ser especialmente contundentes en relación a la protección de la presunción de inocencia de los sujetos sometidos a investigaciones, instrucciones y procesos penales de todo tipo: se trata de buscar un equilibrio entre las legítimas funciones desempeñadas por la prensa en relación al proceso y a la forma de administrarse justicia y la posición de los sujetos sometidos al proceso penal.