[1] Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, habiendo cursado estudios de la diplomatura de Ciencias Empresariales y del Doctorado en Ciencias Políticas, especialidad Teoría Política Contemporánea. E-mail: jose.m.lombardero@gmail.com

[2] LOMBARDERO MARTÍN, J.M. “El jurado español, el jurado anglosajón y el escabinato. Instrucciones y veredicto. Breve análisis comparado” Revista Internacional CONSINTER año V n. IX, Porto 2019

[3] LOMBARDERO MARTÍN, J.M: “La competencia del Tribunal del Jurado. Breve análisis de la cuestión tras el acuerdo de pleno de la sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017” Revista Internacional CONSINTER año III n. V, Porto 2017

[4] PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J. “La Competencia objetiva del Tribunal del Jurado Especial consideración de los artículos 1 y 5 de la LO 5/1995, in datada tras su modificación por la L.O. 8/1995, de 16 de noviembre, L.O. 10/1995, de 23 de noviembre y L.O. 1/2015, de 30 de marzo”. Centro de Estudios Jurídicos Mayo 2018. Asimismo, véase sobre los problemas de transformaciones del procedimiento GARBERI LLOBEGAT, J. “Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (comentarios prácticos al nuevo proceso penal ante el Tribunal del Jurado)” – con GIMENO SENDRA, V.-. 1ª Ed. Madrid 1996, p. 62 y CERES MONTES, J. F. “Ámbito de aplicación de la ley del jurado. Delitos y cuestiones procesales.” Madrid 1997. p. 105-121

[5] Artículo 24. LOTJ 1. Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, y tan pronto como de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoración de su verosimilitud, procederá el Juez de Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitación se acomodará a las disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar.

2. La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley.

[6] Artículo 309 bis Lecrim: “Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados.”

“El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el investigado en todo caso, podrán instarlo así, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho días, recabando el informe del Instructor por el medio más rápido.”

[7] Artículo 198 Lecrim: “Cuando no se fije término, se entenderá que han de dictarse y practicarse sin dilación.”

[8] Artículo 217 Lecrim: “El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Instrucción. El de apelación podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se admitirá en ambos efectos tan solo cuando la misma lo disponga expresamente.”

[9] Véase: PÉREZ MARÍN, M. A. Procedimiento ante el Jurado. Lisboa, Juruá, 2016. El Artículo 303 Lecrim dice: “La formación del sumario, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte, corresponderá a los Jueces de instrucción por los delitos que se cometan dentro de su partido o demarcación respectiva (…)”

[10] Véase el Artículo 783.2.in fine Lecrim: “Al acordar la apertura del juicio oral, resolverá el Juez de Instrucción sobre (…) En el mismo auto señalará el Juez de Instrucción el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.”

[11] Que literalmente dice: “solo se incoará el procedimiento especial ante el Tribunal del Jurado cuando exista una completa seguridad acerca de la concurrencia de los requisitos exigidos para ello”(…), “La incoación deberá efectuarse con seguridad y cautela. Solo se dictará auto de incoación cuando se den claramente los requisitos que se deducen del art. 24, a saber: determinación de los hechos como constitutivos de un delito de los enumerados en la lista del art. 1.2; determinación de la persona imputada; y, por último, valoración de todo ello como verosímil por el Juez de Instrucción que haya de resolver sobre la incoación.

En aquellos casos en que no esté clara la tipificación inicial de los hechos como comprendida en el art. 1.2; no aparezca determinada una persona como responsable de los mismos; o los hechos o la imputación no aparezcan a ojos del Instructor como verosímiles, aunque sin llegar a ser “manifiestamente falsos” (art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); no se deberá incoar el procedimiento del jurado sino el de Diligencias Previas o, en su caso, el Sumario” “Solo una vez acreditados con seguridad tales requisitos procederá incoar procedimiento del jurado con las consecuencias que de ello se derivan”.

[12] Véase: PÉREZ MARÍN, M. A. Procedimiento ante el Jurado. Lisboa, Juruá, 2016.

[13] La circular, que recomienda no incoar procedimientos de Jurado hasta tener completamente acreditadas las exigencias del art. 24 LOTJ, dice sobre las transformaciones procedimentales: “La dificultad de transformar el procedimiento del jurado en otro, o viceversa, se evidencia si se repara en las numerosas especialidades del nuevo proceso (piénsese en la singularidad de la comparecencia inicial, en los plazos fijados para instar diligencias, en los concretos momentos para interesar el sobreseimiento, en la singularidad de la fase intermedia, en las especialidades probatorias del art. 48, etc.). Se cuenta así en la actualidad con dos tipos de procesos el del jurado y los restantes procesos penales que pueden ser calificados como difícilmente cohonestables” “Lo expuesto debe llevar a evitar en lo posible las transformaciones procedimentales.”

[14] AA.VV. “Manual del Jurado.” Madrid, CGPJ 1996. p. 193.

[15] La Fiscalía General del Estado entiende que la mención expresa no limita la transformación procedimental a estos momentos y así lo dice en la Circular n. 3/1995, de 27 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado, su ámbito de aplicación: “En todo caso, aunque la Ley no lo contemple expresamente, debe sostenerse la posibilidad de que en cualquier momento durante la fase de instrucción del procedimiento del jurado, las partes puedan interesar del Juez de Instrucción o este acordar de oficio, a la vista del resultado de las diligencias practicadas, la acomodación del procedimiento. Sería contrario a la economía procesal el que hubiera necesariamente de evacuarse la calificación provisional y celebrar la audiencia preliminar para adoptar dicha decisión, si la pertinencia de la misma se advirtiera con anterioridad.”

[16] ATSJ Canarias de 27 Julio de 2005 (Roj: ATSJ ICAN 1/2005)

[17] STS 688/2013 de 30 septiembre de 2013 (RJ 20137635) “En primer lugar, como hemos dicho en SSTS. 942/2011 de 21.9, y 729/2012 de 25.9 según constante doctrina de esta Sala de casación y también del Tribunal Constitucional, la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria, no constituye infracción del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley. Y dicho derecho no resulta vulnerado cuando se trate de un mero deslinde y amojonamiento de distintos y colindantes ámbitos de actuación en hipótesis polémicas o en situaciones problemáticas, no suponiendo por tanto la ruptura deliberada del esquema competencial (STC 35/2000, 93/1998, ATC 262/1994, de 3 de octubre, STS de 15-3-2003, n. 370/2003 e igualmente podemos añadir en consonancia con la STS. 25.2.2010 ) que las discrepancias interpretativas relativas a la competencia entre órganos de jurisdicción penal ordinaria no pueden dar lugar a la infracción del derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley. Como ha señalado el Tribunal Constitucional las cuestiones de competencia reconducibles al ámbito de la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de dicha competencia entre órganos de la jurisdicción ordinaria no rebasan el plano de la legalidad careciendo por tanto de relevancia constitucional (SSTC 43/1984, de 26 de marzo, 8/1998, de 13 de enero, 93/1998, de 4 de mayo y 35/2000, de 14 de febrero, entre otras). El derecho al Juez predeterminado por la ley únicamente puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al Órgano al que la Ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad, como señala la Sentencia 35/2000, del Tribunal Constitucional, de 14 de febrero, recogiendo lo ya expresado en el A.T.C 262/1994, de 3 de octubre. Este mismo criterio lo mantiene el Tribunal Constitucional en multitud de resoluciones, de las que es exponente la STC n. 157/2007, de 2 de julio y esta misma Sala del Tribunal Supremo lo ratifica entre otras, en SS.T.S. de 14 de noviembre de 2.006, 28 de febrero de 2.007, 18 de noviembre de 2.008, 21 de noviembre de 2.008, 1 de julio de 2.009, 25 de febrero de 2.010.

Y en el caso presente no puede sostenerse de ninguna manera que la atribución de la competencia al Tribunal del Jurado haya sido precipitada, infundada y, mucho menos, arbitraria. (…) sin que la alegada calificación por la defensa de homicidio culposo altere tal competencia pues no corresponde a la parte elegir el procedimiento judicial aplicable al enjuiciamiento de los hechos, tratándose, como es, una cuestión de orden público y olvidando que son los hechos y calificación jurídica de la acusación lo que deben servir de base para la determinación de la competencia objetiva”

[18] Dispone el art. 25.1 LOTJ el traslado de la imputación: incoado el procedimiento el Juez de Instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Al tiempo de la citación, dará traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trámite, si no se hubiese efectuado con anterioridad. El imputado estará necesariamente asistido de letrado de su elección o, caso de no designarlo, de letrado de oficio.

[19] Asimismo, dispone el art. 25.2 LOTJ. “si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados, se les citará para ser oídos en la comparecencia prevista en el apartado anterior y, al tiempo de la citación, se les instruirá por medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectuó con anterioridad. Especialmente se les indicará el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el artículo 119 de aquella Ley, el derecho de asistencia jurídica gratuita.”

[20] Artículo 25.3. LOTJ: “En la citada comparecencia, el Juez de Instrucción comenzará por oír al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, quienes concretarán la imputación. Seguidamente, oirá al letrado del imputado, quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 637 o 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En sus intervenciones, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas”.

[21] En caso de transformación en jurado de un ordinario o un abreviado deberá valorarse si es necesario designar otro juez de instrucción pues el que ha optado por transformar el procedimiento estará contaminado por la decisión y habrá practicado las diligencias que considerase necesarias en procedimientos donde no rige como en el jurado el principio acusatorio.

[22] Artículo 26 LOTJ. Decisión sobre la continuación del procedimiento.

1. Oídas las partes, el Juez de Instrucción decidirá la continuación del procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Si el Ministerio Fiscal y demás partes personadas instan el sobreseimiento, el Juez podrá adoptar las resoluciones a que se refieren los artículos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El auto por el que acuerde el sobreseimiento será apelable ante la Audiencia Provincial.

[23] Continuación del procedimiento: El juez acuerda continuar el procedimiento en virtud de las peticiones de las partes y se pronunciará sobre las diligencias que han propuesto, valorando su relevancia, suficiencia y pertinencia, admitiendo (u ordenando como complementarias) las que considere imprescindibles (útiles y necesarias) para determinar si procede o no la apertura de juicio oral.

[24] Artículo 27 LOTJ. Diligencias de investigación.

1. Si el Juez de Instrucción acordase la continuación del procedimiento, resolverá sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes, ordenando practicar o practicando por sí solamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley.

2. También podrán las partes solicitar nuevas diligencias dentro de los cinco días siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se practicase la última de las ordenadas. Esta circunstancia será notificada a las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga.

3. Además podrá el Juez ordenar, como complemento de las solicitadas por las partes, las diligencias que estime necesarias, limitadas a la comprobación del hecho justiciable y respecto de las personas objeto de imputación por las partes acusadoras.

4. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferirá nuevo traslado a las partes a fin de que insten, en el plazo de cinco días, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales. Lo mismo mandará el Juez cuando estime innecesaria la práctica de más diligencias, aun cuando no haya finalizado la práctica de las ya ordenadas.

Contra la resolución del juez de instrucción en materia de diligencias cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en los términos de los arts. 222 y 311 Lecrim

[25] Sobreseimiento: Si el fiscal y las demás partes solicitan el sobreseimiento el juez solo puede acordarlo o si es el caso proceder conforme a los artículos 642 y 644 Lecrim. El auto acordando sobreseimiento es directamente recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial por disposición expresa del art. 26.2 LOTJ, sin la reforma previa del art. 222 Lecrim. Al respecto, STS 20/2004 de 19 enero. La aplicación subsidiaria de la Lecrim solo procede cuando una circunstancia no venga expresamente prevista en la LOTJ: “la supletoriedad (…)lo ha de ser a aquellos aspectos no resueltos directamente en la LOTJ(…)de modo que la audiencia Provincial deberá resolver el recurso de apelación que le ha sido planteado en tiempo y forma, pues al no hacerlo se ha denegado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, conforme ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en nuestra Sentencia 2217/2001 de 15 de noviembre.”

[26] Artículo 28 LOTJ. Indicios de distinto delito.

Si de las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participación de personas distintas de las inicialmente imputadas, se actuará en la forma establecida en el artículo 25 de esta Ley o, en su caso, se incoará el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado

[27] El TS convalida una comparecencia del Art. 25 LOTJ mal constituida por no cumplir sus condiciones si no ha habido indefensión porque la vista no tuviera por objeto concretar la imputación sino proceder a la transformación del procedimiento. STS 693/2004 de 26 de mayo, FJ.2ª: “nada obsta a su validez como una solicitud del fiscal dirigida al juez acerca del procedimiento a seguir y sobre el órgano competente para el enjuiciamiento, lo cual aquel puede efectuar en cualquier momento del proceso. Si el recurrente no compartía el criterio adoptado por el juzgado en cuanto al procedimiento a seguir o en cuanto a la competencia de la audiencia provincial para enjuiciar los hechos, pudo plantearlo en el momento oportuno, sin que conste que lo haya hecho así.”

[28] Artículo. 27.4. LOTJ Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferirá nuevo traslado a las partes a fin de que insten, en el plazo de cinco días, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales. Lo mismo mandará el Juez cuando estime innecesaria la práctica de más diligencias, aun cuando no haya finalizado la práctica de las ya ordenadas.

[29] En caso que alguna de las acusaciones entienda que procede el sobreseimiento por darse alguna de las circunstancias del art. 637 Lecrim no presentará escrito de calificación sino escrito instando el sobreseimiento y retirando la imputación inicial. Y si todas las acusaciones lo piden el juez de instrucción quedará vinculado por dicha petición.

[30] Artículo 29 LOTJ. Escrito de solicitud de juicio oral y calificación.

1. El escrito solicitando la apertura del juicio oral tendrá el contenido a que se refiere el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. De dicho escrito se dará traslado a la representación del acusado, quien formulará escrito en los términos del artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. En ambos casos, se podrá hacer uso de las alternativas previstas en el artículo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. En sus respectivos escritos, las partes podrán proponer diligencias complementarias para su práctica en la audiencia preliminar, sin que puedan ser reiteradas las que hayan sido ya practicadas con anterioridad.

[31] “y a los terceros civilmente responsables (…) para que (..) manifiesten también, por conclusiones numeradas y correlativas a las de la calificación que a ellos se refiera, si están conformes con cada una, o en otro caso consignen los puntos de divergencia (…)”

[32] Entiende PÉREZ MARTÍN, M.A. Op. cit. que en este momento y sin perjuicio de la dicción literal de la LOTJ que permitiría pedir nuevas diligencias de investigación a practicar al inicio de la vista, en el trámite de calificaciones lo que solicitan las partes con la solicitud de apertura de juicio oral es la práctica de pruebas, con independencia de que también puedan proponer pruebas en otros dos momentos: en el trámite de cuestiones previas del art. 36 LOTJ y en el trámite de alegaciones previas ante el Tribunal del Jurado, al inicio de la vista del juicio oral, ex art. 49 LOTJ.

[33] Art. 29.5. LOTJ: Las partes, cuando entiendan que todos los hechos delictivos objeto de acusación no son de los que tienen atribuido su enjuiciamiento al Tribunal del Jurado, instarán en sus respectivos escritos de solicitud de juicio oral la pertinente adecuación del procedimiento.

Si estiman que la falta de competencia ocurre solo respecto de alguno de los delitos objeto de la acusación, la solicitud se limitará a la correspondiente deducción de testimonio suficiente, en relación con el que deba excluirse del procedimiento seguido para ante el Tribunal del Jurado, y a la remisión al órgano jurisdiccional competente para el seguimiento de la causa que corresponda.

[34] STS 854/2010 de 29 septiembre de 2010 (RJ20107646) El Recurrente denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en el aspecto del derecho al Juez predeterminado por la Ley, el Tribunal que condenó al recurrente fue el de la Audiencia Provincial de Huesca, cuando debió ser juzgado por el Tribunal del Jurado. En el caso, toda la instrucción lo fue por los trámites del Tribunal del Jurado, y solo en el último momento de la calificación provisional se interesó por el Ministerio Fiscal, con apoyo de las Acusaciones, Particular y Popular (que lo habían intentado con anterioridad sin éxito) el cambio de proceso; con formación de Sumario y remisión a la Audiencia Provincial de Huesca para su enjuiciamiento. Pero se deniega la casación porque la resolución que acordó la tramitación de la causa por los cauces del procedimiento Sumario, y la propia sentencia recurrida lo fue con anterioridad al Pleno no Jurisdiccional de 20 de Enero de 2010: los Acuerdos de la Sala no tienen vigencia retroactiva, sino que solo se proyectan hacia los actos procesales posteriores a la fecha del acuerdo.

[35] Vid. VALLESPÍN PÉREZ, D. El tractament dels delictes conexes davant el Tribunal del Jurat a Catalunya. CIMS, Barcelona 2007; La conexión en el proceso penal CIMS, Barcelona 2007; Conexión penal en la ley de enjuiciamiento criminal española. Análisis tras su reforma por Ley 41/2015. Juruá, Porto 2019.

[36] Respecto a la acumulación que condicionalmente permite el actual art. 17.3 Lecrim, CUBILLO LÓPEZ, I.J. “Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015” en Estudios de Deusto 65, 2017 nª 2 p. 39-83 realiza una importante precisión: “si concurre un motivo de los que propician la llamada conexión “necesaria” o “sustantiva”, relativo a la seguridad jurídica, o a que se pueda calificar como es correcto, deberá decretarse la acumulación; y solo cuando no haya una razón de genuina necesidad, podrá atenderse –para decidir entre la acumulación o la separación de causas– a las razones de economía procesal, razones que son siempre de conveniencia. Por ello, la conexión fundada únicamente en la economía procesal se denomina –en la jurisprudencia que hemos examinado– como conexión “conveniente” o “contingente” o “de mera funcionalidad procesal” (…) “solo diremos –con referencia a lo que se acaba de señalar– que la decisión del Juez sobre el enjuiciamiento conjunto de hechos punibles con apariencia de delitos conexos habrá de exteriorizarse y razonarse, por toda la valoración que entraña, y debe poder impugnarse.”

[37] Auto 425/2010 de 21 de mayo de la AP de Granada (JUR 2010363825): “en el presente caso no cabe duda que no se rompe la continencia de la causa, celebrando por separado el delito de tenencia ilícita de armas y el homicidio, de ahí que aquel deberá verse en el Procedimiento Abreviado y por el Juzgado de lo Penal correspondiente, y este en el ámbito de la Audiencia Provincial por el Procedimiento del Jurado. Téngase presente según los datos obrantes en las actuaciones, aquel arma corta la poseía con anterioridad y no estaba amparada por guía, alguna ni por licencia o permiso de armas para este tipo. Por lo que el delito no lo comete cuando dispara sobre la víctima, de ahí que no exista problema alguno para juzgarlo separadamente, máxime si podemos también adelantar la inexistencia de conexidad, en tanto que con el delito de tenencia no facilitaba su ejecución, puesto que además del arma contaría de dos escopetas calibre 12 que se encontraban en su domicilio. Entiende la Sala que el procedimiento del Jurado es el adecuado para juzgar del delito de homicidio y el procedimiento abreviado para conocer del delito de tenencia ilícita de armas, por tanto estimando parcialmente el recurso de apelación formulado al ser posible legalmente el enjuiciamiento por separado de cada delito en sendos procesos sin que se divida la continencia de la Causa, se revoca el auto que acuerda la transformación a Sumario Ordinario (30.12.2009) y el de procesamiento (04.01.2010), para que se incoe respecto al homicidio el procedimiento para ante el Tribunal del Jurado, y la tenencia ilícita de armas se acomode a los tramites del procedimiento abreviado.”

[38] Artículo 30 LOTJ. Convocatoria de la audiencia preliminar.

1. Una vez presentado el escrito de calificación de la defensa, el Juez señalará el día más próximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que estén pendientes de practicarse las diligencias de investigación solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez. Una vez practicadas estas, el Juez procederá a efectuar el referido señalamiento. Al tiempo resolverá sobre la admisión y práctica de las diligencias interesadas por las partes para el acto de dicha audiencia preliminar.

Si el Juez no acordare la convocatoria de la audiencia preliminar, las partes podrán acudir en queja ante la Audiencia Provincial.

2. La audiencia preliminar podrá ser renunciada por la defensa de los acusados, aquietándose con la apertura del juicio oral, en cuyo caso, el Juez decretará esta, sin más, en los términos del artículo 33 de la presente Ley. Para que dicha renuncia surta efecto ha de ser solicitada por la defensa de todos los acusados.

[39] Artículo 31 LOTJ. Celebración de la audiencia preliminar.

1. En el día y hora señalados se celebrará la audiencia preliminar comenzando por la práctica de las diligencias propuestas por las partes.

2. Las partes podrán proponer en este momento diligencias para practicarse en el acto. El Juez denegará toda diligencia propuesta que no sea imprescindible para la adecuada decisión sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

3. Terminada la práctica de las diligencias admitidas, se oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. Las acusaciones pueden modificar los términos de su petición de apertura de juicio oral, sin que sea admisible la introducción de nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada.

[40] No pueden alterar los hechos justiciables ni la persona acusada, porque el acusado debe saber a qué atenerse y ello incidiría desfavorablemente en su derecho de defensa. Sí puede producirse la retirada de alguna de las acusaciones que esperaban hacerse valer en el acto del juicio oral. Véase: VARELA CASTRO, L. en AA.VV Manual del jurado op. cit, p. 259

[41] Artículo 32.LOTJ Auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral.

1. Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes, el Juez dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral. Si decide la no apertura del juicio oral acordará el sobreseimiento. Podrá asimismo decretar la apertura del juicio oral y el sobreseimiento parcial en los términos del artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si concurre en alguno de los acusados lo previsto en el artículo 637.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. La resolución por la que acuerda el sobreseimiento es apelable ante la Audiencia Provincial. La que acuerda la apertura del juicio oral no es recurrible, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 de la presente Ley.

3. También podrá el Juez ordenar la práctica de alguna diligencia complementaria, antes de resolver, si la estimase imprescindible de resultas de lo actuado en la audiencia preliminar.

[42] Artículo 637 Lecrim. Procederá el sobreseimiento libre:

1.º Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.

2.º Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.

3.º Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

[43] Artículo 640 Lecrim. En el caso 3.º del artículo 637, se limitará el sobreseimiento a los autores, cómplices o encubridores que aparezcan indudablemente exentos de responsabilidad criminal, continuándose la causa respecto a los demás que no se hallen en igual caso. Es aplicable a los procesados a quienes se declare exentos de responsabilidad lo dispuesto en el artículo 638.

[44] Artículo 32.4.LOTJ: “En su caso, podrá el Juez ordenar la acomodación al procedimiento que corresponda cuando no fuese aplicable al regulado en esta Ley. Si considera que el que corresponde es el regulado en el Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordará la apertura del juicio oral, si la estima procedente, y remitirá la causa a la Audiencia Provincial o al Juez de lo Penal competente para que prosigan el conocimiento de la causa en los términos de los artículos 785 y siguientes de dicha Ley”

[45] Artículo 783 Lecrim.

1. Solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez de Instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el supuesto del n. 2 del artículo 637 o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda conforme a los artículos 637 y 641.

Cuando el Juez de Instrucción decrete la apertura del juicio oral solo a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, el Secretario judicial dará nuevo traslado a quien hubiere solicitado el sobreseimiento por plazo de tres días para que formule escrito de acusación, salvo que hubiere renunciado a ello.

2. Al acordar la apertura del juicio oral, resolverá el Juez de Instrucción sobre la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas interesadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, tanto en relación con el acusado como respecto de los responsables civiles, a quienes, en su caso, exigirá fianza, si no la prestare el acusado en el plazo que se le señale, así como sobre el alzamiento de las medidas adoptadas frente a quienes no hubieren sido acusados.

En el mismo auto señalará el Juez de Instrucción el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.

3. Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.

[46] Artículo 33 d) LOTJ. El auto que decrete la apertura del juicio oral determinará: El órgano competente para el enjuiciamiento.

[47] El Acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2008 señala que: “Conforme al artículo 240.2 apartado 2 de la LOPJ, en todos los recursos de casación promovidos contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, en el procedimiento del Jurado, la Sala solo examinará de oficio su propia competencia. Las alegaciones sobre la falta de competencia objetiva o la inadecuación de procedimiento, basadas en la vulneración del artículo 5 de la LOTJ, habrán de hacerse valer por los medios establecidos, con carácter general, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la LO 5/1995, reguladora del Tribunal del Jurado.”

Acogido, entre otras, por SSTS. Sala 2ª, n. 166/2007, de 16.04.2008 y 942/2016 de 16 de diciembre.

[48] La STS. 2217/2001, de 26 de noviembre declara admisible que el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado la pueda cuestionar de oficio, sin necesidad que se haya planteado cuestión previa por alguna de las partes (art. 36 LOTJ). La decisión será recurrible en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ (artículos 676 y 846 bis a) a f) LECrim); no cabe casación por tratarse de una resolución interlocutoria y no definitiva.

La STS. 830/2009, de 16 de julio declara asimismo que la inadecuación del procedimiento no conlleva nulidad de actuaciones si no se ha producido indefensión material de alguna de las partes.

[49] Vid. GARBERI LLOBEGAT, J. “Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (comentarios prácticos al nuevo proceso penal ante el Tribunal del Jurado)” con GIMENO SEDRA,V. 1ª ed. Madrid 1996 , p. 62.

[50] STS. 315/2016 de 14.04.2016 (ROJ STS 1666/2016) Entiende Luciano Varela que hay que decretar la nulidad de oficio por falta de competencia objetiva del tribunal que dictó la sentencia recurrida. No se ha planteado pero resulta competente el Tribunal del Jurado por aplicación del art. 5 LOTJ y acuerdo de pleno no jurisdiccional de 20 de enero y 23 de febrero de 2010, y del que él discrepa pues limita la extensión de la competencia por razón de conexión del art. 5 LOTJ en casos que el legislador pudo y no quiso hacerlo. El legislador en la extensión competencial por razón del 5.2.C LOTJ no diferencia entre el objetivo principal de la estrategia delictiva del autor y la opción adoptada de manera meramente instrumental. Sin embargo el pleno no jurisdiccional condicionó la extensión competencial del tribunal al exigir que el delito conexo se haya cometido teniendo como objetivo principal cometer un delito que sea competencia del Tribunal del Jurado y con ello suplantó la voluntad del legislador. Ciertamente erradicó la aplicación indebida del 17.5 Lecrim a casos donde concurren delitos del Tribunal del Jurado con otros que no lo son. Cualquiera que sea la relación de otros delitos que no son competencia del Tribunal del jurado con otros que si lo son, nunca puede determinar la extensión de la competencia de la Audiencia Provincial sin jurado a los delitos que no le están atribuidos por estarlo al Tribunal del Jurado.

[51] Artículo 36 LOTJ. Planteamiento de cuestiones previas.1. Al tiempo de personarse las partes podrán: a) Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuación del procedimiento. 2. Si se plantease alguno de estos incidentes se le dará la tramitación establecida en los artículos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

[52] Artículo 666. Lecrim Serán tan solo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o excepciones siguientes: 1.a La de declinatoria de jurisdicción.

[53] Artículo 676. Lecrim: “Si el Tribunal no estimare suficientemente justificada la declinatoria, declarará no haber lugar a ella, confirmando su competencia para conocer del delito. Si no estima justificada cualquier otra, declarará simplemente no haber lugar a su admisión mandando en consecuencia continuar la causa según su estado. Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2.a, 3.a y 4.a del artículo 666, procede el recurso de apelación. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 678.”

El Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª, del 8 de mayo de 1998, interpreta que “el actual artículo 676 LECrim tras su modificación por ley 5/95 de 22 de mayo debe interpretarse en el sentido de que la apelación que en él se contempla es únicamente admisible en el ámbito competencial que la L.O. 5/95 atribuye al Jurado, y su decisión en este limitado campo corresponde al Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Fuera de este ámbito procesal el recurso que corresponde es el de casación ante la Sala II del Tribunal Supremo a través de lo dispuesto en el artículo 848 LECrim.” (STS. Sala 2ª, n. 60/2004, de 22 de enero).

[54] STS. 689/2012, de 20 de setiembre (Roj: STS 6092/2012)

[55] Artículo 678 Lecrim. “Las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas que se hubiesen desestimado, excepto la de declinatoria. Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del Tribunal del Jurado sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia.”

[56] Artículo 48 LOTJ. Modificación de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas.

1. Concluida la práctica de la prueba, las partes podrán modificar sus conclusiones provisionales.

2. El Magistrado-Presidente requerirá a las partes en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estándose, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 4 del citado precepto.

3. Aun cuando en sus conclusiones definitivas las partes calificasen los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al enjuiciamiento del Tribunal del Jurado, este continuará conociendo.

[57] El art. 52.g) LOTJ al tratar de la determinación del objeto del veredicto establece:

“El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable, ni ocasionen indefensión. Si el Magistrado-Presidente entendiese que de la prueba deriva un hecho que implique tal variación sustancial, ordenará deducir el correspondiente tanto de culpa”.

[58] STS 688/2013 de 30 septiembre de 2013 (RJ 20137635): “sin que la alegada calificación por la defensa de homicidio culposo altere tal competencia pues no corresponde a la parte elegir el procedimiento judicial aplicable al enjuiciamiento de los hechos, tratándose, como es, una cuestión de orden público y olvidando que son los hechos y calificación jurídica de la acusación lo que deben servir de base para la determinación de la competencia objetiva.”

[59] Circular FGE n. 3/1995, de 27 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: su ámbito de aplicación.

[60] El recurso discute la competencia del tribunal por una divergente calificación del tipo delictivo que solo puede resolverse celebrando el juicio oral. El Tribunal Superior se pronuncia a favor de la competencia del Tribunal, y sobre el alcance, contenido y sentido de las cuestiones previas ante el Tribunal del Jurado. El art. 36 LOTJ no ampara una petición de sobreseimiento, ni tampoco en el caso de plantearse conclusiones alternativas sobre la calificación de homicidio (…) sustraer su conocimiento al Jurado, en tanto que su decisión deja de tener contenido procesal para conformar una resolución sobre el fondo (…).Solo una vez celebrado el juicio y que se cuente ya con el resultado de las pruebas practicadas y con las reflexiones que su análisis sugiera a las partes, incluida también una eventual alteración de sus conclusiones provisionales, podrá el jurado popular pronunciarse. El artículo 48.3 de la Ley permite al Tribunal continuar conociendo pese a que se produzca una eventual calificación de los hechos como integrantes de un delito ajeno a la competencia del Jurado.

[61] AAP Granada Auto 425/2010 de 21 de mayo (JUR 2010363825). Entiende la Sala que el procedimiento del Jurado es el adecuado para juzgar del delito de homicidio y el procedimiento abreviado para conocer del delito de tenencia ilícita de armas, por tanto estimando parcialmente el recurso de apelación formulado al ser posible legalmente el enjuiciamiento por separado de cada delito en sendos procesos sin que se divida la continencia de la Causa, se revoca el auto que acuerda la transformación a Sumario Ordinario (30.12.2009) y el de procesamiento (04.01.2010), para que se incoe respecto al homicidio el procedimiento para ante el Tribunal del Jurado, y la tenencia ilícita de armas se acomode a los trámites del procedimiento abreviado.

[62] AAP de Lleida auto 590/2014 de 30 de diciembre (JUR 201581189) la transformación del procedimiento de Diligencias Previas a Jurado, que se recurre, fue correcta por cuanto la infidelidad en la custodia de documentos cometida por el funcionario de correos es MEDIAL con la malversación, para procurar su impunidad, y ello en aplicación del acuerdo de 23.02.2010.

[63] AAP de Castellón Auto 250/2016 de 27 de mayo. (JUR 2016151864) El Ministerio Fiscal interpone recurso de Queja y la audiencia ordena seguir los trámites del Jurado por ser en este caso el allanamiento el delito-fin.

[64] Y sin embargo la abundante Jurisprudencia que rechaza las numerosas invocaciones de vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la STS de 26 de junio de 2009 advierte que la alteración injustificada de la competencia del Tribunal del Jurado a favor de la Audiencia Provincial sí vulnera ese derecho fundamental. Pues no es la mera asignación del conocimiento de una causa a otro órgano igual en distinto territorio, o con competencia distinta en función de la pena aparejada, sino que estamos ante órganos totalmente diferentes, con trámites procesales propios. Véase MUÑOZ CUESTA, F. J. “Competencia del tribunal del jurado. Especial referencia a los delitos conexos: STS de 26 de junio de 2009.” En Revista Aranzadi Doctrinal n. 8/2009 Estudios. Cizur Menor, 2009.

[65] “… de otro lado, las cuestiones relacionadas con la competencia deben tramitarse en la instancia hasta el agotamiento de los medios de impugnación, de forma que, en lo posible, el asunto quede resuelto antes del comienzo del juicio oral. En ese sentido, ha de reconocerse que la regulación de los recursos en la materia presenta algunas deficiencias. Pues si la causa se tramita por las normas de la LOTJ, contra la decisión de este tribunal respecto de las cuestiones planteadas conforme al artículo 36 de la ley, cabe recurso de apelación que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, sin que contra esa decisión quepa recurso de casación. Sin embargo, si la causa se ha tramitado como procedimiento ordinario, la cuestión puede plantearse al amparo del artículo 666 como artículo de previo pronunciamiento, contra cuya resolución cabe recurso de casación, en el que el Tribunal Supremo resolvería definitivamente la cuestión con anterioridad al comienzo del juicio oral.”.

[66] aplicado por la STS.166/2007, de 16.04.2008

[67] Ver además la STS 822/2013 de 6 de noviembre de 2013 (RJ 20137648): El legislador quiere que al inicio de juicio oral cualquier controversia sobre determinación de la competencia haya quedado definitivamente zanjada, de ahí que arbitre una casación anticipada contra la resolución que resuelve sobre esta materia en la fase intermedia.

[68] STS 942/2016 de 16 de diciembre de 2016 (ROJ STS 5493/2016)

[69] Vid. STS. 694/2011, de 24 de junio.

[70] Vid. STS 464/2010, de 30 de abril, referida a un supuesto de posible vulneración del derecho a la inviolabilidad domiciliaria; o las SSTS. núms. 1481/2002, 18 de septiembre y 640/2000, 15 de abril, relacionadas ambas con una pretendida ilicitud probatoria.

[71] STS. 822/2013, de 6 de noviembre RJ 20137648

[72] STS. 428/2017, de 14 de junio (Roj: STS 2379/2017)

[73] Vid. MUERA ESPARZA, J.J. “Ambito de aplicación, competencia y procedimiento para las causas ante el tribunal del jurado.” en Anuario Jurídico de la Rioja n. 2 1996.p. 376

[74] Circular FGE n. 3/1995, de 27 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: su ámbito de aplicación.

[75] Circular FGE n. 3/1995, de 27 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: su ámbito de aplicación