Breves Apuntes sobre Algunas de las Posibilidades de Desarrollo Penal Comunitário en Mercosur en Comparación con la Experiencia Europea

Adel El Tasse[1]

Resumen: Esta investigación tiene como objetivo analizar la posibilidad de crear un campo propio para el Derecho Penal supranacional en el ámbito Latinoamericano. Para desarrollar esta idea se tomarán como elementos iniciales de estudio las bases fundacionales de la Unión Europea, determinando comparativamente, sus diferencias con al MERCOSUR, con el objetivo fundamental de comprobar si el desarrollo logrado en Europa en materia de Derecho Penal Comunitario, esencialmente establecido en el Corpus Iures Europeo, es pasible de imitación dentro de una comunidad de naciones en Latinoamérica, o si debe existir un marco propio y definido de Derecho Penal para este bloque. Desde allí se tratará de identificar cuáles bienes jurídicos serían importantes de proteger en Latinoamérica, y cuya ofensa, pueda ser destacada como pasible de punición penal supranacional.

Palabras Clave: Europa. Mercosul. Direito penal. Comparação. Corpus iures europeo. Direitos humanos. Protteção supranacional

Abstract: This investigación tiene la intended to analyze posibilidad de crear un propio field to el Derecho Penal supranational en el Latin American ambit. To desarrollar this idea is tomarán as iniciales elements of studio them fundacionales bases de la Unión Europea , determining comparatively con sus differences relación al MERCOSUR, con el primary goal of comprobar itself el desarrollo achieved en Europe en Derecho Penal Comunitario de materia, esencialmente establecido en el Corpus Iures Europeo, es pasible of imitacion within una comunidad de naciones en Latinoamérica, si debe be un March propio y Derecho Penal defined for this bloque. Since allí strictly be identified cuales legal bienes Serian important to protect en Latinoamérica, y cuya offense, pueda be highlighted as pasible supranational criminal punición

Keywords: Europa. Mercosur. Criminal law. Comparison. Corpus iures europeo. Human rights. Community protection.

1 Distinción entre la formación de Europa y de los bloques Latinoamericanos

No bien terminó la segunda guerra mundial, los países europeos comenzaron a buscar la forma de evitar nuevos conflictos armados[2]. Les preocupaba principalmente la predisposición que había para resolver los conflictos a través de la acción militar[3].

Tras la primera guerra mundial los países vencedores destruyeron por completo la economía y la estructura de los vencidos, en especial, del estado alemán[4]. Sin embargo, la reacción ante tal destrucción y el sometimiento impuesto por el capital especulativo no tardó en llegar.

Comenzaron a surgir los movimientos ultra-nacionalistas[5]; entre los cuales el nazismo, de gran popularidad, cuyo credo fundamental era el retorno a la grandeza del imperio germánico histórico y el ataque directo a los responsables del sufrimiento que atravesaba el pueblo alemán[6].

Dicha combinación de factores condujo a una segunda guerra mundial, con la consecuente escalada de violencia que diezmó las poblaciones civiles de ambos lados[7].

Al culminar la segunda guerra, los países europeos continentales tomaron conciencia de los errores cometidos tras el primer conflicto y se dieron cuenta que volver a aislar a Alemania, o mejor dicho, oprimir desmedidamente a su población, sólo lograría generar un nuevo alzamiento y una nueva masacre.

En consecuencia, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética dividían entre sí las áreas de influencia en el continente, los líderes de Europa continental, i.e. Francia y Alemania, comenzaron a buscar soluciones duraderas para el proceso de paz.

La historia nos muestra que

una Europa murió en 1945 desbastada por la guerra y rodeada de dos superpotencias emergentes, lo cual ponía en evidencia un avanzado proceso de decadencia. Sobre los escombros de esa Europa, nació otra, consciente de la necesidad de integración y cooperación entre los países que, hasta ayer, se habían desbastado entre sí. Dos preocupaciones emergían entre los líderes europeos: evitar nuevos conflictos bélicos y alejarse, tanto del proteccionismo norteamericano como de la satelización soviética[8].

Fue así como surgió la idea de unir a los pueblos de Europa, como algo necesario para sobrevivir. En América del Sur, la integración no se considera vital, por eso es muy difícil superar la imagen tradicional de estados nacionales.

Esto es tan evidente en el pensamiento europeo que Kaufmann llega mismo a afirmar que: “La cuestión es demasiado seria como para que ahora uno pueda disfrutar la forma en que semejantes guasones se cubren a sí mismos de escarnio. Sin embargo, está comprobado que los ultranacionalistas han naufragado”[9].

A su vez, son muchos los que se equivocan cuando piensan que la integración europea tenía como objetivo la unificación aduanera o, en un sentido más amplio, la unión de la economía. Lo cierto es que las cuestiones económicas fueron tan sólo una excusa para alcanzar la creación de una forma sui generis de federación: Europa.

Fue así como surgió la idea de unir a los pueblos de Europa, como algo necesario para sobrevivir[10]. En América del Sur, la integración no se considera vital, por eso es muy difícil superar la imagen tradicional de estados nacionales[11].

A su vez, son muchos los que se equivocan cuando piensan que la integración europea tenía como objetivo la unificación aduanera o, en un sentido más amplio, la unión de la economía. Lo cierto es que las cuestiones económicas fueron tan sólo una excusa para alcanzar la creación de una forma sui generis de federación: Europa[12].

En América Latina, si bien en teoría la unión es posible dado que los pueblos guardan entre sí una gran similitud, no se han dado conflictos armados continuos entre los países, que, además están en una búsqueda permanente de aproximación, lo que no hace más que entorpecer la constitución de una fusión verdadera[13].

Mientras en Europa la integración se consideró esencial y se propuso como objetivo a largo plazo, en América Latina los problemas cotidianos, en especial los económicos, hacen que los gobiernos sientan pánico a la hora de formar un bloque comunitario[14].

2 La propuesta penal supranacional europea y las necesidades latinoamericanas

El contenido penal supranacional propuesto para Europa está presente el documento denominado Corpus Juris Europeo, que es un proyecto doctrinario elaborador en conjunto por juristas de varios países que hacen parte de la Comunidad Europea, con la dirección de los trabajo a cargo de la jurista francesa Mireille Delmas-Marty.

En el sentido apuntados en los párrafos anteriores, desde la constatación histórica del fenómeno de formación comunitario europeo produjo que se manifieste en el Corpus Iures Europeo, la preocupación por la uniformización del sistema penal, estableciendo un campo propio para unificar los principios y procedimientos penales, lo cierto es, que la formación europea se ha valido fundamentalmente del proceso de integración económica como eje para generar el impulso integracionista, dentro del método funcionalista que adoptó en el proceso de step by step[15], o sea, Europa siempre hizo uso de la aproximación económica, como elemento central para la integración de los países que la constituyen.

De esa manera, los tipos penales que son propuestos en el Corpus Iures Europeo se relacionan fundamentalmente con los aspectos económicos, sin embargo, en la exposición de motivos, sea manifestado que el deseo de la comisión que lo elaboró era profundizar más las propuestas penales para Europa, con establecimiento, por ejemplo, de unidad principios en el Derecho Penal, todavía esto no se puso viable en razón de muchas barreras políticas y nacionales aún a superar[16].

Así, el Corpus Juris Europeo representa una construcción limitada en el contenido de los tipos penales que estructura, tratando de las cuestiones financieras de Europa, dejando de haber cualquier referencia penal específica a nivel de tipificación de conductas violadoras de otros valores, lo que parece tener importancia en el ámbito del MERCOSUR.

Por otro lado, hay que se inquirir se la legislación penal supranacional de una comunidad latinoamericana, como MERCOSUR, se debe y se puede limitar a tratar de los aspectos económicos del proceso de integración, hecho que no parece estar correcto en cuenta de las grandes preocupaciones comunes de la población regional de América Latina con la consolidación democrática[17] y de los Derechos Humanos[18], mucho más allá, por ejemplo, de la libre circulación de mercancías.

En los últimos años podemos observar que Latinoamérica sufrió un proceso muy diferente al europeo, ya que la proyectada unificación aduanera con libre circulación de bienes y servicios no se produjo debido a la resistencia concreta realizada por parte de los países miembros, pero por otro lado se destacó la existencia de un criterio unificado en la preocupación por la consolidación democrática y la falta de observancia de los derechos humanos en la región, siendo que lamentablemente no se vieron acciones concretas por parte de los gobiernos para reafirmarlos, salvo la redacción en común de documentos, producto de encuentros internacionales habituales, los cuales solamente revelaron una mera intención[19].

El primer interrogante a ser tratado es ver si existe la necesidad de un contenido penal en el ámbito comunitario para reafirmar estos bienes jurídicos, siendo que en esta reflexión abreviada, en el cual todavía no hay espacio para que se establezca una exhaustiva discusión, podemos decir que el Derecho Penal es importante en el espacio comunitario por establecer límites al posible exceso de intervención que podría ser practicado, por el ente supranacional que surgirá dotado de poderes propios. Estos límites son de extrema importancia inclusive en materia de competencia con los Estados miembros, dados los problemas que podrán suscitarse si no se define con exactitud cuál es el espacio en que puede este ente supranacional disponer de capacidad punitiva.

Es precisamente en esta línea de razonamiento, en donde hay que pensar en un perspectiva diferente a la usual, justamente para no ampliar el poder punitivo de los Estados involucrados, salvaguardando a los ciudadanos para que que exista el absoluto respeto a las reglas democráticas, al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos, y esto es solamente posible al establecer, en el ámbito comunitario, como única posibilidad punitiva el actuar contra las acciones que pongan en riesgo a la propia comunidad, a la democracia, como también, a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos[20].

De esta forma, podríamos decir que ya se obtiene una especie de “catálogo propio de situaciones” que no entrarían en contradicción con los tipos penales nacionales o previstos en el Estatuto de Roma, pues en relación a aquellos la competencia subsidiaria de la justicia comunitaria impide conflictos, y en relación al Estatuto de Roma, las tipificaciones en este instrumento internacional previstas (genocidio, delitos de guerra y delitos contra la humanidad (exterminio masivo) en nada se confunden con los tipos penales propios de la comunidad.

En este sentido, es posible la construcción de una legislación penal comunitaria, que observe los bienes jurídicos económicos específicos que surgen inevitablemente del trazado comunitario en lo atinente al contenido del Corpus Iures Europeo, como también hay que considerar que es un hecho, que existen elementos propios para un derecho penal comunitario en el escenario latinoamericano, pues este no podría ignorar lo que se ha demostrado como la gran preocupación existente en los últimos veinte años en el ámbito espacial del MERCOSUR.

3 Idea de Derecho penal Supranacional para el MERCOSUR

Desde las reflexiones anteriores si puede a nivel de propuesta imaginar la constitución de un sistema penal para el espacio del MERCOSUR, intentando aclarar los elementos que son fundamentales para el pueblo que vive en su espacio geográfico y, que en verdad, en un racionamiento ampliativo, son necesidades que se manifiestan en todos los pueblos latinoamericanos.

Como análisis previo se puede constatar que la estructura comunitaria, para que así sea concebida, tiene su base primordial en cuatro libertades fundamentales (libre de circulación de mercancías, de personas, de capitales y de servicios), y en este punto es muy poco probable que se consiga imaginar la idea de supranacionalidad sin relacionarlas con ellas, y es esto precisamente lo que fue reflejado en el Corpus Iures Europeo[21] en el momento que se estructuró, tipificando los delitos relacionados a estas libertades[22].

En función a estas cuatro libertades fundamentales, el Derecho Penal Comunitario, debe actuar de manera objetiva y clara, con relación a los delitos contra el orden económico, delitos aduaneros, delitos tributarios, delitos contra el consumidor, delitos cambiarios y financieros, delitos que violen patentes y marcas, y delitos contra la libre competencia, y es precisamente en estos campos dónde debe dirigir su accionar, puesto que en estos tipos hay aspectos particularmente sensibles teniendo en cuenta, el grado de lesión que produce a las cuatro libertades[23].

Los delitos contra el orden económico tienen una posición central con relación a los tipos que buscan garantizar la protección de las cuatro libertades fundamentales, partiendo desde la regulación normativa de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, reflejo de las relaciones sociales emergentes del mercado[24].

De esta manera, hay claramente un bien jurídico “orden económico”, de naturaleza supraindividual; o sea, no está enmarcada en el plano de la lesión a intereses particulares de las personas, sino en el ámbito en que la conducta de los agentes delictivos es generadora de lesión social.

Hay que considerar que el orden económico regulado por la supranacionalidad tiene por objetivo abordar las cuestiones en torno de las cuatro libertades fundamentales a los fines de alcanzar una mayor estabilidad en la región.

De esta forma, lo que fue objeto de observación en el Corpus Iures Europeo, debe también ser pasible de consideración en el ámbito Latinoamericano, en la medida en que se relaciona directamente con la noción de buscar un denominador común en la política criminal económica interna entre los países[25].

Igualmente, la atención a las cuatro libertades fundamentales hace inevitable una normativa en donde se plasmen las hipótesis delictivas que afecten a la estructura aduanera, esto porque la cuestión aduanera se constituye como elemento vital para la propia concepción de comunidad, tanto que hasta el mismo documento fundacional del MERCOSUR – Protocolo de Ouro Preto, del 16 de diciembre de 1994 –, ya manifiesta en su artículo tercero que el territorio aduanero está constituido por la totalidad de los territorios de los estados miembros; de modo tal, que es creada una nueva realidad político-territorial, pues a pesar que se mantienen las fronteras de cada país, pasamos a tener un territorio del MERCOSUR para efectos aduaneros, representado por la unión de los territorios de los Estados miembros, independientemente de cuántos y cuáles sean.

La existencia de la comunidad de países orienta a la creación de un ente supranacional y, por ende, podrá generar un proceso propio de recaudación tributaria, ya que, por ejemplo en Europa, significa que cada actividad comercial realizada con países externos a la comunidad o con otros bloques económicos, genera tributos, tanto en beneficio del país en donde se generó, como también para el ente comunitario, y es precisamente esto, que crea una de las preocupaciones más importantes en el campo del derecho penal debido a la relación con los delitos aduaneros[26].

Siendo así, la tipificación penal con relación a los delitos aduaneros se muestra inevitable, en la medida que la cuestión tributaria asume la característica de eje para la propia supervivencia de las estructuras supranacionales que, en definitiva, precisan financiar su propio mantenimiento.

La libre circulación de personas, por otro lado, establece sin lugar a dudas, que el consumidor no sea solamente considerado dentro de los límites nacionales, sino que como un ciudadano comunitario y, de esta forma, tendrá que existir una política uniforme en torno de medidas que tengan como objetivo, la protección del mismo, y en este sentido se hará también necesaria una legislación penal, a la cual, el ofertante de productos y servicios quede sometido en el caso de que realice conductas que lesionen las relaciones de consumo. Estas relaciones de consumo deben encontrar en la esfera penal, tipos que contengan estas conductas que se reflejen contra las prácticas basadas en publicidad engañosa o abusiva, como también en tentativas de monopolización, creación de cartel o de cualquier otra acción que elimine la libre competencia[27].

Respecto a los delitos cambiarios y financieros, es evidente que la libre circulación de capitales, como una de las cuatro libertades fundamentales establece el indispensable tratamiento de la materia en el ámbito supranacional, lo que produce un efecto directo en la disciplina penal comunitaria, con la existencia de tipos específicos que sancionar las conductas que al generen problemas dentro del ámbito cambiario y financiero, que puedan poner en riesgo la propia libertad de circulación de capitales[28].

Además habrá que uniformizar las legislaciones de cada país miembros, en relación con el tema de marcas y las patentes, evitando que países que poseen un razonable nivel de desarrollo industrial sean sacrificados excesivamente en el ámbito comunitario, siendo obligados a soportar la pulverización de sus creaciones en este sector, en este sentido, es necesario que se tipifique específicamente estas conductas que atenten contra este bien jurídico, de forma supranacional, o por lo menos las que se constituyan como las más graves[29].

Finalmente, en el ámbito de las cuatro libertades fundamentales, las acciones que atenten contra la libre competencia en el marco supranacional originarán delitos específicos, pues la libre circulación de mercancías, capitales, trabajo y personas crea un mercado consumidor muy grande y que siempre estará en expansión, siendo así, esto se transforma en algo de vital importancia para la comunidad[30].

La cuestión es que el Derecho Penal del ente supranacional juega un papel decisivo con relación al tema de la competencia, pues, sumado a las reglas civiles, comerciales y aduaneras, es un elemento que marca el límite aceptable para la intervención de la supranacionalidad, destacando cuales son los campos propios de la integración comercial que se desea alcanzar en el ámbito comunitario, que no son necesariamente los mismos en Latinoamérica y en Europa, ya que hay que tener en cuenta las necesidades y particularidades regionales de industrialización, que no son uniformes en los países integrantes de la comunidad.

Es importante destacar que además de los delitos que se relacionan con las cuatro libertades fundamentales, debemos considerar las diferencias entre MERCOSUR y Europa que no son pocas, y por esto, si lo que se pudo concebir en materia penal dentro de la construcción del Corpus Iures Europeo, fue directamente relacionada con las ofensas a los mecanismos que las garantiza, sabemos que América Latina tiene otras prioridades, mucho más marcantes, y que la experiencia comunitaria, hasta el presente, nos muestra como evidente que hay cuestiones más relevantes como objeto de preocupación en su población, los cuales se relacionan a la efectiva preservación de la democracia y de los derechos humanos.

Pues bien, así la democracia asume una característica sui generis en la óptica comunitaria latina, porque el nivel de ataque a la que está sometida hará, bajo la óptica penal, que sea considerada como el mayor bien jurídico, y que en el caso de ser ofendido dicho bien, los autores sean sometidos a las sanciones prescriptas en el derecho penal comunitario.

Por ello es esencial la construcción de una normativa comunitaria en este sentido, porque en principio se entiende a la democracia como un bien jurídico, y que en el caso de ser atacada, dicha conducta debe ser pasible de sanción penal, en este sentido vemos individualmente que tanto la Constitución Argentina, como la del Brasil, determinan que son punibles las acciones de grupos contra el Estado Democrático, lo que demuestra que el mantenimiento de la existencia de la democracia es parte de los objetivos de estos Estados y, en la medida que se admite como punible las acciones en su contra, se está manifestando que es posible que se comprenda la democracia, además de su enfoque político como un verdadero bien jurídico, ya que está reflejada en el Derecho Penal, presentándose dicho análisis, como tarea para el pensamiento comunitario, no de las acciones extremas, como las de grupos armados contra el Estado Democrático, sino las que pueden ser practicadas en el día a día de las naciones y que hagan comprometer de manera no declarada la estructuración democrática del Estado[31].

De esta forma y en razón que el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal ejercen la función de contención del poder punitivo, justamente para preservar el Estado democrático, surge como marco teórico a establecer, que el bien jurídico protegido “democracia”, es concreto y que las acciones gravosas que comprometan la estructura penal basada en la protección de las personas contra el exceso punitivo, deben ser objeto de la disciplina penal supranacional, concibiendo tipos penales que castiguen los actos graves de comprometan: el principio de legalidad penal, la dignidad humana, el respeto a la posible lesión de bienes jurídicos, la intervención mínima, la culpabilidad, los daños a terceros, la intrascendencia de la pena, la individualización de la pena, el debido proceso legal, el non bis in idem, la amplia defensa, la publicidad, la legalidad probatoria y la defensa del ciudadano en el ámbito de la realidad penal comunitaria[32].

Otro eje esencial en Latinoamérica, y por ende, en MERCOSUR, es la cuestión de los Derechos Humanos que en los últimos 20 años, o sea, a partir de la creación del bloque MERCOSUR, se ha transformado en la preocupación central en este ámbito, por ello el desarrollo comunitario debe, sin lugar a dudas, profundizar la amplia discusión de este tema[33].

Aquí hay que considerar los distintos grados de desarrollo de la temática cuando se compara Europa y MERCOSUR, porque en esta última, los ataques a los Derechos Humanos solamente comenzaron a castigarse después de largos procesos dictatoriales basados en la fuerza, y de esta forma se convirtió en un componente cultural regional, lo que le confiere un abordaje particular, que en algunos casos tendrá que analizarse puntualmente, no sólo por bloque o región, sino que también como país.

Aunque los países latinoamericanos hayan adherido a varios tratados en defensa de los Derechos Humanos a lo largo de los años, la verdad es que la experiencia ha establecido como esencial, el refuerzo jurídico de esta pauta, con la creación de tipos penales que castiguen a los agentes estatales que comprometan estos derechos y que se mantengan impunes en los ámbitos nacionales de su jurisdicción.

En este aspecto hay que tener en cuenta que la simple formación de la comunidad establece en sus protocolos, pautas mínimas de acción para que sean garantizadas las reglas de Derechos Humanos, definidas en los diferentes instrumentos normativos en torno de la materia, siendo la acción estatal absolutamente vinculada a la observancia de esta normativa. En este sentido aquellos que actúen en nombre del Estado, asumen un compromiso de respeto a los Derechos Humanos, siendo que al violar las reglas establecidas en los tratados que los defienden deban ser penalmente castigados, sometiéndolos, en la hipótesis de omisión de la jurisdicción local, al enjuiciamiento ante el Tribunal Comunitario.

Entiéndase por agentes estatales a los funcionarios que actúen en nombre de la administración pública directa o indirecta, y que bajo esta condición, deban accionar dentro de parámetros establecidos en conformidad con las reglas de Derechos Humanos consolidadas en los tratados internacionales[34].

Seguramente todo esto se hará posible a través de la creación de una tipificación penal propia, observando el principio de legalidad penal, y considerando como delito el ataque a las reglas establecidas en los tratados de Derechos Humanos, siendo así, esta tipificación obligatoriamente deberá estar relacionada con la protección a la vida, a la libertad de pensamiento, a la integridad humana, y a la igualdad, como aspectos centrales de los Derechos Humanos, ya que continuamente se observa que estos sufren ataques practicados por agentes estatales.

4 Ultimas consideraciones

El objetivo es el perfeccionar el MERCOSUR, ampliándolo y convirtiéndolo en una verdadera comunidad de países latinoamericanos, y esto exige, como ya fue mencionado, que exista una legislación penal comunitaria específica, operando en paralelo con las respectivas legislaciones penales propias de los países miembros, y claro que, sin dejar de lado a las cuatro libertades fundamentales del Corpus Iures Europeo, presentes como bienes jurídicos protegidos, y que ante su violación, demanden la actuación supranacional, dentro de una realidad regional específica, ya que es precisamente esto que determinará con el tiempo, el éxito o el fracaso de la experiencia comunitaria y, por lo tanto, el garantizarlas combatiendo su violación, será siempre una medida necesaria.

Conforme a lo antes expresado, la propuesta penal de este artículo es más amplia que la concebida en el Corpus Iures Europeo, debido a lo significativo que es el trazado propio de la problemática latinoamericana y la percepción de temas sensibles en los últimos 20 años, que marcan de sobremanera la particularidad de este escenario propio.

A pesar que la preservación de la democracia y la protección a los Derechos Humanos son preocupaciones universales, estos tienen un mayor grado de sensibilidad en Latinoamérica, y es por ello, que se justifican las acciones punitivas propias de ámbito supranacional del MERCOSUR, situado en este espacio geográfico, contra agentes estatales, que actúen poniendo en riesgo estas conquistas fundamentales de la especie humana, en el caso que no sean punidos en sus respectivos países.

Resumidamente la propuesta es que desde la comparación de los principales datos fundacionales de la comunidad europea y del MERCOSUR, se identifican cuestiones penales comunes, y también características propias de la región en que está el MERCOSUR.

Así, la existencia de la comunidad dependerá directamente de la existencia de las cuatro libertades fundamentales, de manera tal que, de la supuesta de ofensa significativa a las mismas surgirá el contenido penal supranacional, el cual se manifestará a través de la tipificación de delitos contra el orden económico, delitos aduaneros, delitos tributarios, delitos contra el consumidor, delitos cambiarios y financieros, delitos contra patentes y marcas, y delitos contra la libre competencia.

Sin embargo, es importante destacar que al analizar Latinoamérica, donde se desarrolla el MERCOSUR, se presenta con importancia adicional las cuestiones alrededor de la Democracia y de los Derechos Humanos, lo que hace surgir cuestiones atinentes a la punición de los agentes del Estado que violen los bienes jurídicos que se relacionen a estas pautas. En virtud de ello surgirán las acciones concretas de combate a los principios limitadores del poder punitivo estatal, con el fin de salvaguardar el propio Estado Democrático, la vida, la libertad de pensamiento, la integridad humana, y la igualdad, como lo principales ejes de la estructura básica de los Derechos Humanos.

Como puede verse descriptivamente, a saber:

BIEN JURÍDICO	OFENSA ESPECÍFICA	CORRESPONDENCIA EN EL C.I.E.
Libertad de circulación de mercancías, de personas, de capitales y servicios	Delitos contra el orden económico, delitos aduaneros, delitos tributarios, delitos contra el consumidor, delitos cambiarios y financieros, delitos contra patentes de invención, marcas y diseños industriales, delitos contra el mercado competitivo.	Sí, el Corpus Iures Europeo propone tipificación penal en esta materia
Democracia	Acciones concretas por agentes del Estado de combate significativo a los siguientes principios: legalidad penal, dignidad humana, lesividad a los bienes jurídicos, intervención mínima, culpabilidad, daños a terceros, intrascendencia de la pena, individualización de la pena, debido proceso legal, non bis in idem, amplia defensa, contradictorio, publicidad, licitud probatoria, defensa del ciudadano en la realidad penal comunitaria	No, sin embargo se destaca la importancia de uniformización de esta materia el Corpus Iures Europeo, aunque no llega a proponer una tipificación.
Derechos Humanos	Acciones por agentes estatales de ataque a la vida, a la libertad de pensamiento, a la integridad humana o la igualdad	No, la estructura integral de Europa es apuntada como justificativa para la ausencia de necesidad en el tratamiento penal de la materia en el Corpus Iures Europeo.

Con respecto al Tribunal Comunitario es importante aclarar que en materia penal, este debe tener su competencia bien definida, para que no se generen conflictos con las propias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en especial con el Tribunal Penal Internacional, siendo que y en razón de lo antes expresado, podemos establecer que en principio, no hay conflictos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida que esta no dispone de competencia penal, y en relación al Tribunal Penal Internacional, la estricta tipificación de la competencia de este, limitada a los delitos contra la humanidad que necesariamente necesitan constituirse en acciones practicadas en el ámbito de un ataque, delitos de guerra y genocidio, hacen con que haya una clara separación entre la competencia comunitaria en materia penal y la existente en el Tribunal Internacional[35].

Es relevante mencionar que la competencia de ambos tribunales supranacionales en materia penal (TPI y Comunitario) es subsidiaria, o sea, solamente actuará ante la omisión de la justicia local[36].

Al final, no se puede dejar de decir que sin duda alguna, a medida que el MERCOSUR camina, lo hace en el dirección a una integración más profunda, aunque a veces, cuando se le compara con la Unión Europea la sensación sea de que los pasos han sido sumamente lentos; esto representa una verdad a medias, visto que mucha cosa ya ha cambiado desde cuándo comenzó a ser pensado, y si la comparación con la experiencia europea es válida, debe tenerse bien presente que su comienzo se produjo a mediados de la década del 40 del siglo pasado, urgida por el ansia de paz que siguió a una guerra con descomunal matanza en masa de ciudadanos de todos los países involucrados en el conflicto.

El MERCOSUR existe, camina, y se está acercando el día en que parte de las competencias nacionales tendrán que ser otorgadas para permitir el nacimiento del ente supranacional; entonces, habrá llegado el momento preciso para que el tema del derecho penal sea colocado en primer lugar en la pauta.

Será el primero para que, movidos por el anhelo de vencer todo tipo de prejuicio y discriminación, hermanados por un sentimiento común, los latinoamericanos reafirmen su compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con la igualdad, más allá de cualquier factor como credo, color de piel, raza, sexo, e independientemente del lugar de nacimiento.

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