[1] Doctora en Derecho Penal. Abogada INSTITUIÇÃO: Universidad Internacional Isabel I De Castilla – España

[2] Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., El redescubrimiento de la víctima: victimización secundaria y programas de reparación del daño. La denominada victimización terciaria (El penado como víctima del sistema legal), 306. Cuadernos de Derecho Judicial, La Victimología (Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993).

[3] Vid. GRUPOS DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GENERO DEL CGPJ 2017., Algunas sentencias recogen aspectos que nos muestran la interacción de varios factores y/o discriminaciones aparte del género, que incrementan la vulnerabilidad de la víctima y, por tanto, un mayor riesgo a sufrir victimizaciones, como son la clase, la nacionalidad (y su situación administrativa), la etnia o la diversidad funcional. Hay factores estructurales en relación con la violencia de género que son significativos, como la pobreza, especialmente la extrema pobreza en colectivos extranjeros. Aparte de la situación de pobreza de ambos o de dependencia económica respecto al condenado, acompañada de la extranjería, en las sentencias se han constatado otros factores de riesgo, como el estar afectada de alguna enfermedad que provoca dependencia. “Análisis de las sentencias dictadas en el año 2015, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o exparejas y de menores a manos de sus progenitores” pág. 59.

[4] Vid. GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A., “Tratado de Criminología” 5ª edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2014; SANTA CECILIA GARCIA, F., El trauma es más severo cuanta más cercana es la relación entre infractor y víctima, y cuando se utiliza fuerza o coacción. “Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal” Tomo VII Introducción a la Criminología. P. 45 y ss.

[5] Vid. GRUPOS DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GENERO DEL CGPJ 2017., La mayor parte de los homicidios o asesinatos de violencia de género que han dado lugar a las 36 sentencias condenatorias en 2015, son motivados por una relación de dominio del agresor varón, bien habiendo ejercido malos tratos sobre la víctima mortal con anterioridad, bien porque no admite que la víctima desee separarse y dejar la relación e intente salir de su esfera de control. Es el propio modelo de relación establecido, asimétrico en las relaciones de poder, el que produce estos resultados criminales, más que los conflictos puntuales surgidos de la relación de convivencia. Aparte de estos dos grandes desencadenantes, en las sentencias se reflejan otros motivos que tienen que ver igualmente con el poder y el control, en concreto el carácter celotípico de algunos autores, que lleva en varios casos a solicitar la eximente o atenuante por arrebato al describir su personalidad como un trastorno delirante de tipo celotípico y/o la creencia de que la víctima mantiene otras relaciones sentimentales y, como vimos, en dos casos el trastorno mental (4,5%). “Análisis de las sentencias dictadas en el año 2015, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o exparejas y de menores a manos de sus progenitores” pág. 58.

[6] Vid. LOPEZ MARTIN, A., “Historia de la violencia de género” Revista de Derecho Actual VIII (2017) Pág. 10. ISSN: 2445-4001

[7] STS. 677/2018. Sala Segunda de 20.12.2018. Ponente Vicente Magro Servet. Fundamento de Derecho Segundo. 15). Para la aplicación del art. 153.1 CP se exige un sustrato que ponga de manifiesto que la agresión, se enmarca en el contexto de una reprobable concepción implantada en ámbitos culturales o sociales de predominio del varón sobre la mujer. Pero eso no significa que sea necesario un elemento subjetivo peculiar o un dolo específico. La presunción juega en sentido contrario. Sólo si consta o hay evidencias de que el episodio, concreto o reiterado, de violencia es totalmente ajeno a esa concepción que ha estado socialmente arraigada, y que la agresión o lesión obedece a unas coordenadas radicalmente diferentes, no habría base para la diferenciación penológica y habrá que castigar la conducta a través de los tipos subsidiarios en que la condición de mujer del sujeto pasivo no representa un título de agravación penológica. Pero en principio una agresión en ese marco contextual per se y sin necesidad de prueba especial está vinculada con la concepción que el legislador penal se propone erradicar o al menos reprobar. Fundamento de Derecho Segundo 16) “En modo alguno quiso el legislador adicionar una exigencia de valoración intencional para exigir que se probara una especial intención de dominación del hombre sobre la mujer. Ello iba ya implícito con la comisión del tipo penal contemplado en los arts. 153, 171 y 172 CP al concurrir las especiales condiciones y/o circunstancias del tipo delictivo. La situación en concreto de mayor o menor desigualdad es irrelevante. Lo básico es el contexto sociológico de desequilibrio en las relaciones: eso es lo que el legislador quiere prevenir; y lo que se sanciona más gravemente, aunque el autor tenga unas acreditadas convicciones sobre la esencial igualdad entre varón y mujer o en el caso concreto no puede hablarse de desequilibrio físico o emocional”.

[8] La Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal da nueva redacción al artículo 147.2 “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses” y al art. 153.1 “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 153.2 “Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años”. Y 173.2 “El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica”

[9] Fundamento de Derecho Tercero 4).

[10] Continúa el voto particular: El trato desigual aparece con claridad. La cuestión, entonces es determinar si está suficientemente justificado desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución, que proclama el principio de igualdad ante la ley, que ha de ser interpretado en los términos en que lo hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es recogida en la STC 59/2008, de 14 de mayo, a la que se hará referencia imediatamente… La justificación se encuentra en la mayor lesividad de una determinada conducta del varón en el marco de las relaciones de pareja, actual o pasada, que se caracteriza porque se encuadra en una pauta cultural identificada por la consideración de la inferioridad y sumisión de la mujer respecto del hombre en ese marco de relación… Pero esta justificación de carácter general que afecta a la legitimidad de la previsión legal, no puede trasladarse como algo implícito a cada caso concreto, al menos por dos razones: la mentalidad del varón, que es concretamente acusado, puede que se haya modificado excluyendo de forma natural esos planteamientos, que quedarían, por lo tanto, muy alejados de los hechos que se le imputan. Y porque no puede presumirse en contra del acusado, solo por el hecho de ser varón, que su conducta se encuadra en esa pauta cultural, considerando que, por el mero hecho de golpear o maltratar a su pareja o expareja femenina, ya actúa, dentro de ese marco de relación, en un contexto de dominación del hombre sobre la mujer… En consecuencia, esa pauta cultural negativa o ese contexto de dominación en el que debe apreciarse que se ejecutan los hechos, necesita ser acreditado por la acusación y no puede presumirse en contra del reo por respeto a los principios de culpabilidad por el hecho concreto ejecutado y de presunción de inocencia.

[11] La relevancia se refiere a la determinación de la pena alternativa, uno de cuyos términos se vería limitado, por razón del sexo del agresor, a un tramo de pena de prisión más oneroso. Afectaría también a la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Asimismo, al régimen de las alternativas a la pena privativa de libertad, al que serían aplicables determinadas agravaciones (arts. 83.1.6, 84.3, y 88.1 CP). Se apunta la posible afectación directa del fallo en el caso de aplicación de la rebaja de un grado del art. 153.4 CP con el efecto de alcanzar una pena de prisión inferior a tres meses. Finalmente, se señala que la pena imponible sería idéntica en el caso de considerar al marido persona especialmente vulnerable ya que el inciso final del precepto no introduce discriminación alguna en relación con el sexo de los sujetos.

[12] Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., La indignación en ningún caso puede justificar la impunidad, pero nada tiene que ver con la prepotencia masculina la sorpresa de estar casado con un cónyuge ludópata o pervertido sexual. La teoría que subyace en el artículo 153.1 CP de que cualquier vía de hecho ejecutada por un hombre sobre una mujer tiene su origen en una relación de desigualdad entra en el terreno de lo esperpéntico. Debe ser acreditada en juicio oral la violencia machista, por lo que es inconstitucional un precepto como el art. 153.1 CP que, indiscriminadamente y prescindiendo de las particularidades del caso, establezca la presunción —que no admite prueba en contrario— de que cualquier vía de hecho ejercitada por un varón sobre su pareja o expareja femenina constituye siempre, y de ahí la diferencia de penalidad, una “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. “Prólogo a la decimocuarta edición” Editorial Tecnos. Madrid 2008.

[13] Vid. GRUPOS DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ 2017., La nacionalidad incrementa la vulnerabilidad de las mujeres o el riesgo de feminicidio, lo que no ocurre en los casos de violencia doméstica, cuya tendencia es a la inversa, aumenta el número de nacionales muertos a manos de mujeres extranjeras. “Análisis de las sentencias dictadas en el año 2015, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o exparejas y de menores a manos de sus progenitores” pág. 113

[14] Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., La xenofobia se combate con la agravante 4.a del artículo 22 —”cometer el hecho por motivos racistas”—, ya que se trata de una ideología que, en sus manifestaciones más radicales, ha servido de base para respaldar el genocidio de millones de víctimas entre, por ejemplo, las poblaciones judías, armenias o ruandesas. Sin embargo, no siempre que la víctima pertenezca a una raza distinta de la del agresor puede entrar en juego la agravante del artículo 22.4.3, ya que “la apreciación de una agravante genérica o específica, sin prueba alguna que la sustente, vulnera la presunción de inocencia» (sentencia del Tribunal Supremo de 04.11.2003). “Prólogo a la decimocuarta edición” Editorial Tecnos. Madrid 2008

[15] Por medio de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, (BOE de 26 de octubre), se crea el Instituto de la Mujer, como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, y con la finalidad primordial, en cumplimiento y desarrollo de los principios constitucionales recogidos en los artículos 9.2 y 14, de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social. vid. LOPEZ MARTIN, A., En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de fecha 13.08.1998 el Gobierno reconoce que el Plan de Acción contra la violencia doméstica, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30.04.1998, propone, entre otras medidas, llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la gravedad del problema de la violencia, de género y de rechazo sobre la misma. Estas campañas tienen gran importancia, porque resulta necesario exteriorizar, contar y trasladar a la opinión pública lo que ocurre en la intimidad de muchos hogares, llegando el Instituto de la Mujer a hacer público que la media de tiempo que aguanta una mujer maltratada hasta que decide denunciar es de cinco años. “Historia de la violencia de género” ob, cit, pág. 11 y ss.

[16] Hasta la promulgación de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, en Europa la actividad legislativa contra la discriminación de las mujeres era constante: 1985 Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres (Nairobi). Incluye a las mujeres maltratadas entre las formas de discriminación; 1986 Resolución del Parlamento Europeo de 11.06.1986. Protección de la dignidad de las personas y la vulneración de los derechos humanos que implica el ejercicio de la violencia contra las mujeres; 1988 Nombramiento por Naciones Unidas de una Relatora especial sobre Prácticas Tradicionales Nocivas para la Salud de las Mujeres; 1989 Recomendación General 12, del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer – CEDAW. Se exige a los Estados parte a que incluyan en sus informes datos sobre la violencia contra las mujeres en todas sus formas y contextos; 1990 Recomendación del Consejo de Europa de 15.01.1990. Medidas preventivas generales y específicas en relación con la violencia contra las mujeres; 1992 Recomendación General n. 19, relativa a la violencia contra la mujer del CEDAW. Se insta a los gobiernos a tomar medidas jurídicas, preventivas y de protección, reconociéndose formalmente la violencia contra las mujeres como discriminación por razón de género; 1993 Declaración final del II Congreso Mundial por los Derechos Humanos. Viena. Se reconoce la violencia contra las mujeres en la esfera privada como una violación de los derechos humanos y se declaró que los derechos de las mujeres son “parte inseparable, integral e inalienable; 1993 III Conferencia Ministerial Europea sobre la igualdad entre la mujer y el hombre, Roma, 21-22 octubre 1993. Se adoptan las siguientes estrategias: para la eliminación de la violencia contra la mujer en la sociedad: los medios de comunicación y otros instrumentos; declaración sobre las políticas para combatir la violencia contra la mujer en una Europa democrática; resolución sobre la violación y abuso de la mujer; 1994 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, Res. AG 48/104, de 20.12.1993. Es el primer instrumento que define la violencia de género en sentido muy amplio (violencia física, sexual y psicológica dentro y fuera de familia, reconociendo cuestiones como la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, el acoso sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra); 1995 Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se trata de forma sistemática la violencia contra la mujer, definiéndola en términos similares a los empleados por Naciones Unidas y considerando que la eliminación de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz;.1995 Declaración del 25 de noviembre como día para combatir la violencia contra las mujeres; 1997 Resolución del Parlamento Europeo sobre una Campaña Europea de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, con base en el Informe A4-0250/97 de la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres. Vid. YUGUEROS GARCIA. A J., A nivel global la Organización de Naciones Unidas, realizó un gran esfuerzo en la promulgación de disposiciones contra la desigualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género: II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena (ONU, 1993a); Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 48/104, de 20.12.1993 (ONU, 1993b); IV Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing (ONU, 1995). En España el asesinato ocurrido en diciembre del año 1997, de Ana Orantes, a manos de su pareja, después de transmitir en la televisión pública andaluza el drama que vivía en este sentido, fue el desencadenante para implementar medidas encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja y supuso también un cambio. periodístico sobre el tema de violencia de género. “La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar” Revista de Empresa, Derecho y Sociedad (REDS) Núm. 5 Época 1, Julio-Diciembre 2014. ISBN: 2340-4647, pág. 146-152

[17] Balance de resultados de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Pág. 11.

[18] Fecha 05.07.2017. Número 3182. Título Percepción Social de la Violencia Sexual.

[19] El nacimiento del Instituto de la Mujer supuso el comienzo de una política institucional para la igualdad de oportunidades, que se concretó en sucesivos Planes para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (PIOM), encaminados a eliminar las diferencias por razones de sexo y a favorecer que las mujeres no fueran discriminadas en la sociedad. Crearon un marco con objetivos a cumplir por parte de los implicados, que, exigía la realización de un seguimiento durante su periodo de vigencia. Existen cuatro Planes para la Igualdad de Oportunidades. Primer Plan para la Igualdad de Oportunidades (1988-1990). Segundo Plan (1993-1995). Tercer Plan (1997-2000). Cuarto Plan (2003-2006). La ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres supuso un punto de inflexión en las políticas de Igualdad en España

[20] Los Planes Integrales contra la Violencia de Género se dirigen a prevenir las causas estructurales y sociales que sustentan las desigualdades de género, sociales, y económicas ancladas en la estructura de nuestra sociedad, pero no por ello inamovibles. Plan I de 30.04.1998 de Acción contra la Violencia de Género (1998-2000); Plan II 2001 de Acción contra la Violencia de Género (2001-2004) se elaboró en colaboración con las Comunidades Autónomas y Organizaciones no gubernamentales con cuatro objetivos fundamentales: de pedagogía social, legislativos, asistenciales y de mejora de la coordinación de las actuaciones de las diversas Administraciones Públicas y las organizaciones sociales.

[21] La preocupación por la situación de las víctimas de los delitos registraba importantes exhibiciones normativas en Convenios y Recomendaciones de organismos internacionales, como el Convenio número 116, del Consejo de Europa, de 24.11.1983, sobre indemnización a víctimas de delitos violentos, con entrada en vigor en 1988, referente en el tratamiento de esta materia, junto a la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 28.06.1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal; también en derecho comparado iniciándose en el área anglosajona, pero se fue extendiendo la protección a las víctimas por países de nuestro entorno geográfico, a raíz de la aprobación del citado Convenio del Consejo de Europa; en el ámbito nacional la victimización ha encontrado eco en iniciativas parlamentarias.

[22] Ley 27/2003 de 31 de julio, que comprende medidas civiles, penales, asistenciales y de protección social. Apoyo en la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13.12.2011 sobre la orden europea de protección. Incorpora el artículo 544 ter de LEC sobre tramitación de la Orden de Protección por los Juzgados de Instrucción.

[23] Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que incorpora recomendaciones internacionales a través de la Decisión n. 803/2004/CEE del Parlamento Europeo y concreta en los artículos 61 a 66 un amplio catálogo de medidas cautelares para una tutela integral a la víctima de violencia. A través de las Disposiciones Adicionales y Finales se prevé una amplía modificación de numerosas leyes que afectan de manera complementaria a víctimas de violencia de género. En este mismo año se instaura un inventario de medidas urgentes de lucha contra la violencia de género para proteger a las víctimas de violencia como el reconocimiento de un estatuto integral de protección, con asistencia letrada inmediata e integral en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan su causa fundamentada en la violencia de género, incluida la ejecución de sentencia, sin necesidad de tramitar previamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita, mediante modificación del reglamento de asistencia jurídica gratuita a través de la aprobación del Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre; En la Disposición adicional única del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social, se adoptan las medidas para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a que se consideren como efectivamente cotizados los periodos en los que deban suspender su contrato de trabajo o cesar en su actividad – las trabajadoras por cuenta ajena y las trabajadoras por cuenta propia, respectivamente – para hacer efectiva su protección En los Programas de Fomento de Empleo de 2005 y 2006 se ha incorporado lo previsto en la Ley Integral, que contempla bonificar en un 65% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes a los empresarios que contraten a mujeres víctimas de violencia de género; en la Disposición adicional duodécima de la Orden TAS/29/2006, de 18 de enero, se regula la cotización a la Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones por desempleo por parte de víctimas de violencia de género que tengan suspendida la relación laboral contenidas en la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de PGE para el año 2006.

[24] Este Plan contaba con un periodo de ejecución y desarrollo de dos años, 2007 y 2008, sin embargo, el momento en el que podrán ser percibidos los efectos de las medidas que se incluyen, es distante en el tiempo, en relación a la incorporación de valores al sistema educativo.

[25] Incluye las siguientes materias: objetivos y contenidos de los distintos niveles educativos (infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional), de la enseñanza de personas adultas, así como de formación del profesorado; contenido de los libros de texto y demás materiales curriculares; consejo Escolar de los centros educativos; y funciones de la Inspección Educativa. Es promulgado el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre mujer

[26] Persigue una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.

[27] Prevé la posibilidad de que la suma de las pensiones de orfandad y de viudedad pueda rebasar el importe de la base reguladora del causante cuando el porcentaje aplicable para el cálculo de la pensión de viudedad sea del 70 por ciento, con el fin de que la aplicación de este último no vaya en detrimento de la cuantía de las pensiones de orfandad.

[28] El Título VI regula la transmisión y ejecución en otro Estado miembro de una orden europea de protección. Esta orden es una resolución penal que puede adoptar la autoridad competente de cualquier Estado miembro en relación con una medida de protección previamente adoptada en ese Estado, por la que se faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos que se encuentren en peligro, cuando se hayan desplazado a su territorio. Esta regulación permite que las medidas de protección adoptadas a favor de una víctima la acompañen en cualquier lugar de la Unión Europea al que se desplace, ocasional o permanentemente. El causante de este peligro también tendrá que enfrentarse con las consecuencias del incumplimiento de esta orden europea. También Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.

[29] Se añade el apartado 4 del art. 173 CP “Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84”

[30] Incluye catálogo general de derechos procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, respetando remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados

[31] Por la que se extiende el derecho del imputado o acusado a ser asistido por un intérprete a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El derecho a interpretación o traducción requiere además que se le facilite la traducción de los documentos esenciales, o al menos los pasajes pertinentes de dichos documentos. Tal y como se indica en la Directiva 2010/64/UE, determinados documentos, como son las resoluciones por las que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusación o las sentencias, se consideran siempre documentos esenciales, por lo que se han recogido expresamente en la letra d) del apartado 1 del nuevo artículo 123 que se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

[32] Adopta medidas en el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, para potenciar la posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales con el fin de asegurar la especialización que se pretendía en este ámbito.

[33] Este Decreto convalidado por el Congreso con fecha 13.09.2018, modifica el artículo 23 CC que queda redactado “Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos”. La Disposición Final Segunda añade el art. 156.2 CC “Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de estos.”.

[34] Vid. ELBOZ, C/RUIZ, L.,” Trabajo social y prevención de la violencia de género” Trabajo Social Global. Revista de Investigación en intervención social v. I n. 2. Diciembre 2010, p. 220-233